(Miembro Informante en minoría por el Partido Nacional)

Señor Presidente:
Antes de referirnos al proyecto de Ley  queremos decir con claridad que no compartimos la forma en que se ha procesado políticamente su discusión.

El Poder Ejecutivo envió un proyecto original que fue modificado en su pasaje por la Cámara de Diputados, pero estas modificaciones no provinieron del trabajo en la Comisión respectiva.
Durante siete meses fue discutido internamente por los distintos sectores del Frente Amplio, sustrayéndole a la Cámara la posibilidad de que todos los Partidos políticos hicieran su contribución en comisión.

Una vez laudadas las diferencias internas, se aprobó el proyecto sin admitir modificaciones y con el mismo espíritu se dio trámite ante el Senado.

Debemos expresar categóricamente que esta situación es muy seria. En primer lugar porque la utilización de la mayoría parlamentaria en estas condiciones agravian la tradición democrática del país en la medida en que la opinión de la minoría no interesa.

En segundo lugar, porque en un tema tan importante la técnica legislativa se resiente ante la comodidad de que la mayoría ya tiene los votos asegurados. Se le ha restado al Parlamento la posibilidad de legislar bien, ajustar redacciones, hacer modificaciones o incorporar normas destinadas a reforzar, no solo la redacción sino el contenido de una Reforma de una especial sensibilidad.

Y esto es lamentable porque existían coincidencias básicas para poder trabajar en conjunto. Como se sabe, participamos en la necesidad de una reforma tributaria. Esta fue incluida en el programa de Gobierno del Partido Nacional. En dicho programa, se proponía la eliminación del IRP, de los impuestos de escaso impacto recaudatorio y la implementación del IRPF. Este último, acotado por la fijación de mínimos no imponibles que dejaran fuera de la tributación a las familias de ingresos bajos y medios, con alícuotas para los tramos de mayor ingreso y con el objetivo fundamental de alentar la “captación de capitales” con el destino de financiamiento de actividades productivas. Allí se hacía referencia a la importancia de la rebaja del IVA, de modo que la Reforma Tributaria no se transformara en una duplicación de los impuestos a los ingresos.

Por otra parte, el Programa del Partido Nacional, agregaba los principios que deberían regir una Reforma Tributaria: equidad, eficiencia, universalidad, transparencia, simplicidad y preservación de la competitividad de la economía.

Como se ha mencionado, muchos de estos aspectos son comunes a los fundamentos que inspiró el proyecto del Poder Ejecutivo. Las  coincidencias se perciben sólo en el enunciado de algunos de los principios y en la formulación de algunos instrumentos. Las discrepancias aparecen cuando del análisis del proyecto se advierte la utilización de los instrumentos inadecuados y fundamentalmente la desnaturalización de los pilares básicos que la inspiran en su implementación.

En este sentido, se desprende que la Reforma necesaria no es ésta. En otras palabras: que se ha transformado en un sistema de imposición aislado, en un ajuste fiscal inoportuno e inconveniente.
Pese a los graves problemas políticos y comerciales extra e inter regionales, nos hemos beneficiado de precios internacionales altos y tasas de interés bajas y de crecimiento de la economía mundial. Por estos motivos, extraordinariamente favorables, se hace necesaria efectuar una buena combinación entre la política económica y sus instrumentos en especial la política fiscal que en este caso, adquiere una especial relevancia.

El Frente Amplio propuso la aplicación de políticas anticíclicas durante la campaña electoral. Pero, desde que asumió el Gobierno ha cambiado de posición, seguramente como resultado de la fuerte puja interna que desde el Prepuesto Nacional se ha planteado en particular sobre el nivel del gasto público. Es claro a nuestro juicio que a la luz de estas circunstancias internas, el equipo económico debió ceder en aspectos sustanciales para salvar el proyecto de Reforma comprometido, como sucedió con la Rendición de Cuentas.

Sin perjuicio de esto, la Reforma Tributaria representa un gran ajuste fiscal destinado a asegurar un superávit en las cuentas públicas por la vía tributaria desconociendo que los instrumentos redistributivos más eficientes se concretan en el nivel y la calidad del gasto público. Sucede que más allá de las consistencias que se invocan en la aplicación de la política económica, estamos frente a una política procíclica alejada de las propuestas pre electorales. Y que su implementación derivó en una negociación interna en la que existieron concesiones muy importantes del Poder Ejecutivo.

No se tiene en cuenta que el nivel del gasto público alcanzado por la Ley de Presupuesto, la Ley de Rendición de Cuentas y otras normas, debe tomarse como un egreso permanente en las cuentas del Estado, mientras que el incremento de la recaudación es esencialmente transitorio. Por lo que si el contexto externo varía negativamente contra nuestros intereses económicos, la recaudación se afectará y el aumento del gasto complicará la gestión de las finanzas públicas. Debe resaltarse, también,  que no puede aducirse que el aumento de  la recaudación proviene sólo y fundamentalmente de la eficiencia de la administración. En tal sentido, a nivel técnico se coincide en sostener que por cada punto que crece el producto bruto, la recaudación crece automáticamente de 2 puntos a 2 puntos y medio.

Pero no podemos ignorar, Sr. Presidente, la existencia de discrepancias sobre la forma de alcanzar los objetivos de la Reforma y las cifras que esta representa.

En este sentido, el proyecto original de Poder Ejecutivo mencionaba un déficit inicial de 74 millones de dólares. El proyecto modificado por la Cámara de Representantes agregó, según información oficial, 24 millones de dólares más. En la Comisión del Senado, el equipo económico sostuvo que el proyecto era neutral en términos de recaudación. Es más, el Ministro de Economía dijo que los únicos números confiables son los que maneja su Cartera y que los demás está dispuesto a discutirlos.

Pues bien, aún reconociendo que, tanto el criterio de cálculo como las cifras que utilice la oposición tienen la relatividad de la fuente de información, podemos decir que la recaudación del Estado aumentará en forma impactante en cerca de 100 millones de dólares. Esta situación nos llena de incertidumbre y ésta aumenta cuando se desconoce la Reforma del Estado  que se anuncia, el costo de la Reforma de la Salud y su financiamiento, y en particular el contenido y la consistencia de estas Reformas, con el proyecto en consideración.

El Partido Nacional tiene la convicción de que el Gobierno no ha terminado de definir un modelo de país integral con base estratégica. Inserción externa, economía eficiente y cohesión social no están funcionando en forma armónica. Es más, las notorias discrepancias en estas áreas sólo se laudan para evitar fracturas, pero no como respuesta a un realineamiento del país detrás de un proyecto definido.  Se dibuja el cuerpo de acuerdo al tamaño del dedo.

La ausencia de visión se refleja en el área laboral, en la reforma de las empresas públicas y, fundamentalmente, en la definición conceptual que involucra algunas políticas sectoriales, entre las que la política energética adquiere hoy especial relevancia.

El equipo económico nos ha hablado de políticas transversales de equiparación tributaria de sectores productivos, dejando por el camino su bandera histórica de las políticas sectoriales y el análisis estratégico del país en función de su ubicación geográfica  y de los roles que por decisión interna y negociación externa debemos desarrollar. No encontramos  un hilo conductor que  dé señales claras sobre la orientación global del Gobierno. Es así que la Reforma de la Salud anuncia más tributos, la Reforma del Estado deambula bajo una inoperante insinuación y la inserción externa está dependiendo del rumbo y  la velocidad del tren que algunos no quieren perder y otros quieren evitar que los atropelle.

Sin embargo, el equipo económico habla permanentemente de consistencia respecto de las distintas reformas anunciadas. Nosotros no  la percibimos.

Ahora bien, si expresamos esta preocupación y preguntamos sobre el impacto adicional de las otras Reformas, se nos acusa –como ha ocurrido – de “terrorismo verbal”.

La verdad, Sr. Presidente, es que esta situación más bien proviene de la lucha interna que se produce en el propio Partido de Gobierno y prueba manifiesta son las 120 o 130 modificaciones que algunos sectores le impusieron al equipo económico durante el período en que el proyecto estuvo anestesiado en la Cámara de Diputados.

Por ello, la Reforma Tributaria no puede considerarse como parte de una política comprensiva, de inclusión social. Por el contrario, es el resultado de la explosión de dos miedos: del proveniente de varios sectores de la fuerza de Gobierno que querían modificar el proyecto original para no tener que dar tantas explicaciones en sus contradicciones, y el miedo del equipo económico, totalmente comprensible, de comprometer su disciplina fiscal por las concesiones que le fueron arrancadas.

Si el Gobierno no define dónde va en su proyecto integral de país – que también lo integra una Reforma Tributaria -, las dos variables que concurren a su favor: precios internacionales y bajas tasas de interés, cuando se desvanezcan por el cumplimiento inexorable de los ciclos de la economía  demostrarán que se perdió el tiempo entre voluntarismo e ineficiencia.

Ahora bien, en cuanto a lo que hace a la Reforma,  el diseño de un sistema tributario depende de definiciones en tres aspectos básicos de la política nacional:

1.- Del modelo de inserción externa
2.- Del nivel y calidad del gasto público
3.- Del rol de la administración tributaria.

En cuanto al primero, la apertura y la integración económica, a nivel multilateral y regional son parte de una agenda indiscutible. Este proyecto de reforma se inserta en esta realidad aunque hasta hace muy poco, la propia fuerza política que gobierna se resistía a reconocer, apelando a etiquetas mentales obsoletas, que aunque todavía se escuchan, van dejando paso a un pensamiento económico reconvertido a la realidad.

El sistema tributario de estos tiempos, ya no responde al viejo modelo de sustitución de importaciones. Tan es así que si bien los impuestos directos, como el impuesto a la renta se implementan para aliviar la regresividad  de muchos impuestos indirectos, lo cierto es que el IVA sigue siendo el instrumento tributario que permite y facilita la complementación productiva y fundamentalmente la armonización tributaria en los procesos de integración. La debida armonía en la tributación debe responder a la necesidad de reducir la evasión y la fuga de capitales. Y sobre esto no hay dos opiniones.

Por eso un gobierno que no tenga clara su inserción externa no podrá implementar una buena reforma tributaria. Y si la impulsa, como en el caso, corre el riesgo de dar por sentado hacia fuera, lo que todavía no ha laudado hacia adentro.

En cuanto al segundo, nivel y calidad del gasto público, es claro que la Administración no puede recaudar ni más ni menos de 30 puntos del producto. Se reconoce actualmente que la presión fiscal supera su capacidad, es decir, su recaudación potencial. En otras palabras, no puede recaudar más porque el nivel de producto no se lo permite.

Esos treinta puntos, 20 están comprometidos. 14 para seguridad social y 6 para el pago de intereses de la deuda. Por tanto, quedan solo 10 puntos de lo que se llama “ingreso fiscal disponible”.

De estos treinta puntos, la participación de los impuestos indirectos IVA e Imesi es muy importante. Y llama a preocupación porque introduce regresividad y afecta el consumo, en especial, de los sectores más pobres. Es lo que justifica la implementación de un impuesta a la renta, que sin ser la fuente de recursos más significativa, debe ayudar a mejorar la progresividad y en cierto sentido la capacidad redistributiva del sistema.

Ahora bien, para implementar una reforma tributaria se debe tener en claro no solo los objetivos, sino los instrumentos y procedimientos para alcanzarlos. Y de la discusión interna de la reforma tributaria surge que el Gobierno no tiene claro algunos aspectos. En primer lugar que el gasto público es el instrumento más idóneo para la distribución, y no el aumento de la presión tributaria. En la opinión pública uruguaya el Estado es percibido como un Estado predador y no como un Estado servidor. A eso se agrega el aumento y la creación de nuevas instituciones, nuevos ministerios, nuevas personas públicas estatales, nuevos servicios descentralizados provocan en la sociedad un estado de rebelión fiscal debido a la magra contrapartida de servicios del Gobierno, de la complejidad del sistema y de la mezcla satánica entre la burocracia totalitaria y la corrupción administrativa.

Segundo, que el control del gasto debe ser eficiente y que no debe responder a reclamos facilistas que comprometan la estabilidad macro económica sin tener en cuenta  la alta vulnerabilidad externa del país expresado en su condición de tomador de decisiones y de precios internacionales. Pero sobre todo enfrentado al rol de la empresa pública, su eficiencia y en particular su conducta monopólica, a veces legal y a veces política, propio de un concepto de soberanía estática ya superado y que algunos plebiscitos populares al impulso de varias fuerzas políticas han ignorado.

En cuanto al tercero, el rol de la administración tributaria. Se coincide en la administración tributaria eficiente, moderna e integrada a una reforma del Estado global que involucre a todo el sector público. En el Gobierno todavía no está clara la importancia de una mudanza de paradigma a raíz de la globalización y la digitalización. Hoy, una empresa transnacional puede realizar sus lucros o comprar sus componentes en el país de fiscalidad más benigna y menos burocratizada. Las empresas se mudarán a sistemas fiscales más benignos, facturarán servicios vía internet o se instalarán en paraísos fiscales más allá de la descalificación que se trata de hacer de ellos en forma sistemática. En un futuro cercano la tributación tenderá a reducirse a dos momentos de la cadena productiva: uno financiero y el otro físico. Ambos alcanzables por la modernidad de la tributación automática. Lamentablemente el Gobierno sigue afiliado a una propuesta de reforma de matriz “papirófila”, limitada a simplificar el sistema declaratorio y documental, dejándonos en manos de una triple burocracia: la del contribuyente, la del fisco y la del contencioso legal.

Por otro lado, tampoco asume la necesidad de evitar el riesgo trágico de afectar derechos individuales y sofocar la libertad con el pretexto de implantar la igualdad. En esta área como en otras, la conducta del Gobierno nos despierta seria preocupación.
Por estas razones de carácter general, el Partido Nacional no coincide con esta Reforma, aunque como dijimos, sostiene la necesidad de abordar una transformación sustancial del sistema tributario uruguayo.

Vayamos al contenido del Proyecto y veamos cómo se comportan en la realidad los tres objetivos que el Poder Ejecutivo se plantea. Es decir una mayor equidad; - incrementar la eficiencia del sistema; - estimular la inversión productiva y el empleo. Objetivo que el miembro informante ha querido justificar en un esfuerzo digno de elogio, pero desde todo punto de vista inconvincente.
                       

• La equidad

Este propósito no se cumple en el presente proyecto por las siguientes razones:

• El IRPF propuesto no es un impuesto a la renta sino un impuesto a los ingresos ya que no permite deducciones en general.

No solo eso, sino que la mayor tasa (hasta el 25 %)  se aplicará sobre los ingresos provenientes del trabajo mientras  que los ingresos provenientes del capital estarán gravados a una tasa menor (12%).

• El IRPF grava desde niveles muy bajos de ingresos, a partir de los 6.500 pesos nominales mensuales (redondeo) para quienes están en relación de dependencia. No es creíble que cuando la canasta familiar está fijada por el propio gobierno en 29.000 pesos mensuales, se entienda que los que tienen “mayor capacidad contributiva” son aquellos que tienen ingresos a partir de una franja de ingresos tan baja y fundamentar este razonamiento en la equidad.
• El IRPF se liquidará en forma individual, sin dar la posibilidad de hacerlo por núcleo familiar. Esto introduce inequidad en la medida en que núcleos familiares en situaciones económicas similares tributarán diferente. Así, en una pareja donde ambos cónyuges ganen 6.000 pesos mensuales, ninguno tributará, en cambio en aquellos hogares en los que uno solo de los cónyuges gane 12.000, tributará y los ingresos del hogar serán menores.
• El IRPF de los trabadores dependientes no establece la posibilidad de realizar deducciones significativas. En particular no se tiene en cuenta el número de hijos más que en la posibilidad de descontar los gastos de salud mensual (hasta un tope que representa 80 pesos mensuales por hijo). Esta omisión va a contramano de cualquier lógica relacionada con la equidad, además de no promover el fortalecimiento y crecimiento de las familias uruguayas en un país de deficiente estructura etaria. Su única lógica es la de la eficacia de la recaudación, que se verá luego.
• El proyecto determina que el que trabaja más paga mas, pues el IRPF es acumulable, es decir que un trabajador con multiempleo (policía, maestro, medico, mozo, etc…) habrá de tributar más con la reforma que antes de la misma, al acumularse todos sus ingresos para el cómputo del impuesto.

La equidad faltó a la cita.

• El IRPF, para quienes no trabajen en relación de dependencia, se cobrará a partir de los 7.500 pesos mensuales de ingreso (redondeo).  Los profesionales universitarios tributarán este impuesto sin que se les permita deducir todos los gastos en que han efectivamente incurrido para obtener sus rentas. No se ve tampoco equidad en esto. Podrán optar por pagar el IRAE, aunque no son una empresa, o serán preceptivamente incluidos en él cuando superen los topes que fijará el poder Ejecutivo al respecto, una medida inconstitucional como se verá más adelante.

• Los jubilados pagarán el IRPF a partir de los 9.500 pesos nominales. Este es otro ejemplo de que no se trata de un impuesto a la renta sino a los ingresos ya que el jubilado no tiene una renta, su ingreso no proviene de la realización de una actividad productiva por la cual es remunerado sino que es la “devolución” de los ahorros que a lo largo de su vida activa ha depositado en el sistema previsional.

Este proyecto habrá de gravar a más del 25% de las jubilaciones y pensiones.
            Esto, además de inoportuno, es inconstitucional, pues la reforma de noviembre de 1989 impide que se puedan violar sus preceptos mediante leyes posteriores de inferior jerarquía, impidiendo que los jubilados reciban lo que les corresponde por derecho.

• Gravar las rentas de capital con el IRPF tampoco constituye un ejemplo en materia de equidad. Básicamente son gravados los arrendamientos y los intereses bancarios. Los primeros a la tasa del 12% con la posibilidad de  deducir la contribución inmobiliaria, el impuesto de primaria y los honorarios de administración o inmobiliaria, y los segundos con tasas que pueden llegar hasta el 12%.

Las consecuencias de gravar las rentas de capital de esta forma serán: el aumento en los alquileres, trasladándose el impuesto a la parte más débil, el arrendatario, y que los depósitos importantes emigrarán al extranjero donde no son alcanzados por el impuesto. La clase media, arrendataria y depositante en nuestro sistema financiero será la más perjudicada. No se ve la equidad en esta disposición.

• La mentada “rebaja” del IVA no tiene fundamento. Se termina rebajando en un punto la tasa básica y en cuatro puntos la tasa mínima, valores exiguos que probablemente no reducirán el importe pagado por el consumidor ya que el mismo será “adaptado” por el comerciante manteniendo el valor actual en perjuicio del consumidor final, pero que significará a priori un “alivio” en la tributación del comerciante.  TRASLACION DEL IMPUESTO

En contrapartida a esta reducción se ensancha la base imponible del tributo de forma tal que numerosas actividades que hoy no tributan el IVA pasarán a hacerlo.

Se gravarán:

• El transporte terrestre de pasajeros
• El consumo a agua que exceda el consumo familiar básico.
• Los servicios prestados fuera de la relación de dependencia vinculados con la salud (aumento de cuotas mutuales).
• La primera enajenación de bienes inmuebles realizados por empresas constructoras.
• Los intereses cobrados por préstamos de la División Crédito Social del BROU y los de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Esto tendrá una triple consecuencia:
            -Se aumentará la recaudación por este tributo, pese a su rebaja percentil
-Se gravará a la clase media y de menores ingresos (al gravar a los préstamos sociales, transporte de pasajeros, consumo de agua, leche larga vida…etc...)
-Aumentarán los precios de servicios o productos básicos en perjuicio del consumidor final.
      Finalmente, la inclusión del IVA a los préstamos sociales del BROU, aumentando su costo, es un desmentido a la pretendida equidad que pregona el Gobierno respecto de la reforma.

• La eficiencia

                  El Poder Ejecutivo ha hecho especial hincapié en la eficiencia del sistema de recaudación. El énfasis puesto en esta pauta, que en sí misma es compartible, se ha convertido en un ajuste fiscal disfrazado.

                  El resultado es que la Administración, en ejercicio de un supuesto “enfoque dinámico” de la reforma, ha optado por obviar la llamada equidad horizontal en beneficio de contemplar la recaudación, aumentando la carga fiscal para “cubrirse” de eventuales evasiones.

                  A esto se le agregan rasgos de inconstitucionalidad notorios en la medida en que deja librado al Ejecutivo, en muchos casos, la fijación definitiva del tributo y concede potestades excepcionales a los órganos recaudadores.

                  La consecuencia de lo referido anteriormente se verifica concretamente en los siguientes puntos:

                  a) Eficiencia y ajuste fiscal:

• La eliminación o rebaja de impuestos que propone el proyecto es compensada por la aplicación de nuevos tributos y por la reforma del IVA, que imponen mayor carga tributaria. Por concepto de IRPF se agregarán 600.000 nuevos contribuyentes que en total tributarán más del doble de lo que se recauda hoy por concepto de IRP.

La promocionada reducción en la tasa del IRAE es, en muchos casos, una ilusión, ya que la misma es compensada con el aumento en el monto imponible, consecuencia de la proyectada aplicación de la deducción proporcional de los gastos.

Por tanto, aunque la eliminación de ciertos impuestos compensa en parte esta diferencia, igualmente el impacto de la reforma resultará en un aumento de la presión tributaria a la clase trabajadora que algunos estiman por encima de los 100 millones de dólares.
 A esto se suma que por concepto de renta de capitales (alquileres, depósitos) también se gravará principalmente al mismo sector.

• La rebaja del IVA (entre 1y 4%) es compensada con la ampliación de su base imponible, lo cual permitirá recaudar aún más que si no se rebajara el IVA, en estimaciones que van desde 9 a 20 millones de dólares de aumento en la recaudación por este tributo.
• El aporte patronal unificado en 7.5% hace ganar a unos y perder a otros, en especial a quienes no estaban gravados o estaban exonerados, como los sectores productivos o las empresas periodísticas.
• El mantenimiento del Impuesto al Patrimonio (IP), que se irá eliminando  progresivamente a lo largo de varios años, que sólo se justifica en aras de una pretendida eficiencia inicial de la recaudación, que no es necesaria. Es contradictorio además con el espíritu del IRAE en el cual se desgravan las reinversiones, para gravarlas luego con el IP.

b) Eficiencia y practicidad operativa:

La reforma trae aparejados cambios muy poco prácticos que afectarán no solo el proceso interno en el tratamiento de la información requerida para la  liquidación de impuestos sino también en la relación de la empresa con sus proveedores.

La mayor o menor dificultad en la adecuación a los nuevos requerimientos estará directamente vinculada con el tamaño y operativa de la empresa considerada. A modo de ejemplo, en una Institución financiera habrá que encontrar la manera de identificar la cuota parte en las diferencias de cambio que corresponden a intereses de depósitos para proceder a la correspondiente retención y cuando vaya a volcar las mismas a la DGI deberá resolver como informa el detalle de las mismas por cliente sin violar el secreto bancario.

Una pequeña empresa (una panadería, una tienda, una carnicería)  posiblemente no tenga que resolver el mismo problema, pero tendrá que averiguar la situación fiscal de sus proveedores para poder aplicar la proporcionalidad en la deducción del gasto, claro que para poder efectuar la liquidación deberá contar con los conocimientos necesarios o contratar a quien se lo haga.

c) Eficiencia  y legalidad tributaria:

• El proyecto deja librado a la discrecionalidad del Ejecutivo la determinación del monto, exoneración o aplicación de tributos. Esto determina una ausencia de respeto por el criterio de legalidad de la actividad tributaria a través del cual muchas de sus disposiciones pueden ser consideradas inconstitucionales.

Al respecto basta con citar los casos de la inclusión preceptiva de los profesionales en el IRAE, que se verificará cuando sus ingresos superen el monto que establezca el Ejecutivo; la resolución de qué explotaciones agropecuarias tributarán el IRAE o el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, la que será resulta por el Ejecutivo;  ciertas exoneraciones en materia forestal, que dependen del arbitrio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; o, en el mismo sentido, el mínimo imponible del IRAE a la granja, entre otros.

Además del cuestionamiento jurídico, esto puede determinar un aumento de la presión fiscal sin control parlamentario, lo que no es difícil de augurar  en función de las previsiones del gobierno referidas en ocasión de la aprobación de la Rendición de Cuentas.

    
d) Eficiencia y potestades extraordinarias de la Administración:

• El proyecto, asimismo establece un aumento de las potestades de la Administración, en aras de la eficiencia, que son cuestionables en materia de constitucionalidad por afectar las libertades individuales de los ciudadanos. Nos referimos a la facultad de la autoridad tributaria de requerir facturas de luz o teléfono a los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, así como a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, y a la posibilidad de levantamiento voluntario de secreto bancario.

A este respecto debe enfatizarse que la negativa del contribuyente a proporcionar información sobre sus cuentas bancarias es una negativa legítima de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y no puede producir una presunción en su contra, lo que este proyecto deja en una peligrosa incertidumbre. Pretender que la información bancaria sea proporcionada por el propio contribuyente, aunque sea de forma voluntaria, puede implicar una violación oblicua del sistema instaurado en la medida en que constituye una coacción traducida en una amenaza de presunción en contra del contribuyente en el caso de que exista una negativa de este a colaborar con la administración.

Y en tal caso no sería correcto que la Administración impulsara un levantamiento del secreto bancario bajo la presión de desplazar la investigación administrativa hacia una investigación penal. En un Estado democrático no es posible una “conversión ficticia” de una investigación administrativa en una investigación penal bajo el pretexto de que el fisco precisa conocer la información bancaria del contribuyente. La acción penal precisa ser “fundada” y la imposibilidad  de acceso a la información no puede constituir ese fundamento, pues significaría tomar a ésta como indicio de defraudación lo que, como dijimos, no corresponde.

De la misma forma, el proyecto merece críticas por el procedimiento de relevamiento tácito del secreto bancario previsto en el artículo 54 del proyecto.
        

• Inversión productiva y el empleo

El proyecto de reforma tampoco fomenta adecuadamente la inversión y el empleo en la medida en que:

• Se grava el ahorro de la clase media. Los sectores de ingresos fijos de esa clase son los que, como grupo, soportan el mayor peso relativo de la recaudación.
• Se grava a los sectores productivos en beneficio de los sectores del comercio y servicios, (que ven reducida la tasa de aportes patronales, además de una rebaja en la tasa del impuesto a la renta) y los importadores. ¿Dónde queda el país productivo?
• Se grava a las empresas periodísticas con aportes patronales, disminuyendo sus posibilidades de mantenerse en el mercado.
• Las PYMES comprendidas en el literal E del art.52 pasan a pagar IVA aumentándose de hecho su carga fiscal.

Por otro lado quienes le compren a dichas empresas no podrán descontar ese gasto para el pago de su IRAE, lo cual deja a esas PYMES en desventaja frente a las empresas que tributan IRAE.

Adicionalmente las pequeñas empresas que queden comprendidas en el IRAE verán aumentar sus costos por la necesidad de contratar profesionales que le aseguren la correcta aplicación de la normativa pero, que al igual que a las grandes empresas, no las eximirá del riesgo fiscal por infracciones cometidas como consecuencia de la falta de veracidad, exactitud o dificultad en la obtención de los datos de sus proveedores.

¿Dónde queda el estímulo a la pequeña empresa?

• Se mantiene el Impuesto al Patrimonio lo cual es absurdo en el caso de las empresas que tienen su patrimonio para producir, porque resulta en un incentivo negativo para la inversión.

• El sector agropecuario ve significativamente modificada su carga fiscal.

      Concretamente, el sector agropecuario en general:
-Pagará IRAE a una tasa del 25%, pero ésta puede ser aumentada a 32% a los que no tienen capacidad de reinvertir o retiran los gastos personales, caso frecuente en el campo.

      -Se le restablecen los aportes patronales;
      -Se le mantiene el Impuesto al Patrimonio;
-Se incrementa el IMESI a los vehículos con motor diesel. Se podrá asimismo aplicar dicho tributo al vino y a la sidra.
-Se le retiran exoneraciones en el IVA a la granja.
-No se ha tenido en cuenta la realidad de las empresas agropecuarias al exigirle los mismos recaudos que a una gran empresa, que cuenta con departamentos contables especializados, que a una pequeña empresa agropecuaria.
           
No se ha tenido en cuenta, en este capítulo, que los impuestos que gravan los insumos, los servicios, la contratación de mano de obra, la adquisición de bienes de capital o la tierra elevan los costos de producción, desalientan el uso de insumos y factores, reducen el empleo, la capitalización y la remuneración de los factores nacionales no transables –mano de obra y tierra-, y provocan una pérdida de competitividad frente a los productores de otras latitudes

                        Desde el punto de vista del país y de las empresas sería preferible para el sector estar sujetos a mayores tasas de IRAE que pagar impuesto al Patrimonio, IMESI, aranceles o aportes patronales.

• El sector industrial no recibe los incentivos adecuados, en la medida en que el aumento de los aportes patronales afectará directamente la rentabilidad del sector dado que provoca un incremento de costos imposible de trasladar a precios, ni en los mercados de exportación, ni en el mercado interno.

(La presión fiscal al sector pasa de 7.3% sobre el PBI a un 8,9%). La rebaja de la tasa del impuesto a la renta (del 30% al 25%) no compensa dicha situación.
Por otro lado, los estímulos a la reinversión de las utilidades, previstos en el proyecto, no tendrán importancia significativa en cuanto al monto de la inversión.

• Las empresas periodísticas, por los motivos que ya se mencionaron.
• La actividad financiera, por la combinación de tributos establecida en el proyecto, por la eliminación de exoneraciones (art.44 del T.4 del T.O. de 1996)  y por la fuga de depósitos de no residentes al quedar gravados por el IRPF sobre la renta de capital. Se calcula que estos depósitos por U$S 4.000 millones representan el 40 % del total de depósitos (U$S 10.000 millones)

Por lo demás se estima que hoy en día por concepto de IRP el sector bancario aporta U$S 15 millones al fisco, mientras que por aplicación del IRPF aportará U$S 55 millones.
        

• Sectores afectados
• La clase media (I): los asalariados que ganan más de 15.645 pesos líquidos mensuales tributarán más con el nuevo sistema.
• La clase media (II): los jubilados que ganan más de 12.000 pesos mensuales tributarán más con el nuevo sistema.
• La clase media (III): los arrendatarios verán sus alquileres aumentar.
• La clase media (IV): los que depositan acá o piden préstamos sociales ven sus intereses gravados.
• Las familias numerosas, en particular las de clase media, que no tienen deducciones significativas por núcleo familiar.
• Los consumidores en general. En nuestra opinión la reforma generará inflación (suba de alquileres, ampliación de la base del IVA; no rebaja del precio final por rebaja insignificante del IVA)
• Las PYMES, el sector agropecuario y el industrial por los motivos  que ya se mencionaron..

Estos son los comentarios que al Partido Nacional le merece este proyecto de  Reforma, sin perjuicio de los aportes que Senadores de nuestra bancada realizarán durante esta Sesión.
Pero, no podemos finalizar sin mencionar que esta Reforma Tributaria debió buscar acuerdos políticos previos en sintonía con los documentos firmados en febrero del 2005. Y como esto no sucedió queremos dejar claros aquellos aspectos, que entre otros, podrían haber contribuido a un mejor proyecto.

En primer lugar, la celebración de un acuerdo fiscal que fijara las reglas de juego para proteger a la economía nacional de eventuales cambios del actual ciclo económico positivo, teniendo en cuenta, que aún estas circunstancias persiste un déficit fiscal global.

En segundo lugar, la determinación de un mínimo imponible más alto en el IRPF para evitar que conjuntamente con un IVA alto presiones doblemente sobre los ingresos del contribuyente.

En tercer lugar,  la admisión de otras deducciones que como la Educación – por la vía del crédito, por ejemplo – que sin vulnerar la sustentabilidad del tributo, evitar a transformarlo a un simple impuesto a los ingresos. Agregada a la opción de tributación conjunta del núcleo familiar.

Y en cuarto lugar,  el establecimiento en esta instancia de un IVA generalizado a un tasa del 16% y la identificación de un número de exoneraciones negociadas y definidas política y técnicamente.

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En consecuencia, no fuimos consultados ni antes ni pudimos incorporar modificaciones en el trámite parlamentario. Como contrapartida, no se puede pretender que votemos una reforma ajena a la visión integral de país y desvinculada de los adicionales impactos tributarios que representarán la anunciada reforma de la Salud, del Estado, de la Educación y otras más.

El crecimiento económico y el aumento de la recaudación tributaria no serán suficientes para atender tamaña demanda fiscal. Y eso porque el Gobierno parece ignorar, como expresáramos, solo quedan 10 puntos del producto para atender la inversión en infraestructura y el gasto público social.

Señor Presidente, todos sabemos que frente al impacto que esta Reforma significa para el ahorro, el consumo, y la inversión nacional el único instrumento disponible sigue siendo la inversión extranjera. Y para ello, más allá de las variables externas, el Uruguay debe infundir confianza para todos los actores económicos. Confianza que hoy estamos comprometiendo.
Volvimos a perder otra oportunidad de iniciar un diálogo distinto entre el Gobierno y la oposición. Mientras tanto votamos negativamente con recelo y dolidos por la forma en que se manejó el proceso de esta Reforma. Pero, además, preocupados por las consecuencias que tendrá sobre todos los uruguayos y en especial los que abrigaban, en su humildad, la esperanza de una respuesta más solidaria.

Fenando Savater, en su “Política para Amador” decía que los griegos, gracias a que se trataban como iguales se dieron cuenta lo diferente que son unos individuos respecto de otros, y agrega una imagen que bien puede resumir nuestro estado de ánimo. La tragedia representaba a los poseídos por una pasión tan absoluta que los hacía olvidarse de todo lo demás y de todos los demás. Personajes que tienen razón, pero sólo parte de ella, aunque creen tenerla toda. El coro trágico (que representa al pueblo, a los demás, es la voz de los otros) procura que el héroe trágico se modere, que escuche recomendaciones, que pacte, que ceda, que no se deje llevar por la pasión hasta el final. Cuando no se logra, la tragedia acaba en desastre porque alguien considera que no es igual a los demás y por tanto no debería tener en cuenta otros deseos y opiniones que los propios.

Esperemos que esta tragedia no se transforme en desastre.