Señor Presidente: quiero distraer la atención del Senado para hacer referencia a los atentados terroristas que se produjeron en los últimos días, concretamente el 30 de julio, en Mallorca y, posteriormente, el pasado miércoles, en Burgos, en los que resultaron heridas medio centenar de personas y perdieron su vida dos personas más. Creo que esto será motivo de una declaración del Senado que, según el acuerdo que se ha alcanzado, será aprobado por unanimidad.

En lo personal, simplemente quiero hacer una reflexión, en primer lugar, sobre la Asociación Víctimas del Terrorismo que, en España, ha realizado una clara expresión de las trágicas consecuencias que estos hechos tienen en sus vidas, así como de lo que han ocasionado estas actividades durante tantos años. Las víctimas no son sólo los 900 asesinados, sino que en un segundo plano quedan cerca de 18.000 víctimas de los atentados, familias que drásticamente han cambiado su escala de valores y estilo de vida porque sigue aumentando la triste y amarga lista de personas que han tenido que vivir en carne propia lo que significa un atentado de ETA.

Esto motivó, además, una contundente declaración de las Cortes Españolas y de la Cámara de Diputados. Particularmente, las Cortes Generales y los agentes sociales, patronales y sindicales, acordaron en el Congreso de Diputados una declaración institucional, no sólo de condena a los dos atentados, sino también de reconocimiento a la labor de la Guardia Civil y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra ETA, reafirmando –en términos textuales– su empeño en derrotar a la banda terrorista con coraje, determinación y fortaleza democrática.

Por otro lado, en la misma sintonía, queremos dar nuestro apoyo y expresar nuestra coincidencia con la declaración que la propia Cancillería del Uruguay ha hecho sobre este tema, condenando todo acto de terrorismo con firmeza y dando un claro mensaje a la comunidad internacional y, en particular, a la nacional.

No quería dejar pasar por alto –porque a veces puede no estar en conocimiento de todos– la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –ya que va más allá de la condena del terrorismo y confirma la ilegalización, tras seis años de procesos judiciales– que considera a la marca izquierda “abertzale” un instrumento de la estrategia terrorista de ETA y censura, con extrema dureza, la actitud de sus representantes.

La Declaración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice: “Un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias reglas de la democracia o que busca su destrucción y el desconocimiento de los derechos y las libertades que esta reconoce, no puede aprovecharse de la protección de la Convención Europea de Derechos Humanos”. El Tribunal rechaza de plano el argumento esgrimido por la izquierda radical de que el Estado español pretendía expresamente por una ley, que excluye la participación de estos partidos políticos, eliminar también el discurso a favor de la independencia y la prohibición de las ideas.

El Tribunal de Estrasburgo sostiene que las ilegalizaciones no violaron el derecho a la libertad de expresión y asociación consagrado en los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Es más, agrega: “Otras formaciones separatistas coexisten de forma pacífica en distintas comunidades autónomas”, pero en el sombrío panorama electoral que ha pintado la Corte comunitaria, la máxima instancia judicial en la defensa de las libertades individuales debe pronunciarse, no sólo sobre ETA, sino también sobre Herri Batasuna, si no condenan expresamente la acción terrorista.

Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos da carta de naturaleza a las ilegalizaciones en tres dictámenes. Las declaraciones de mayor peso están recogidas en la resolución con la que desestima los recursos que habían presentado Herri Batasuna y su sucesor Batasuna, en contra de la disolución decretada por el Tribunal Supremo español. Sin embargo, también la Corte Europea rechaza las demandas planteadas por dos agrupaciones afines a los partidos ilegalizados: Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) y Herritarren Zerrenda, candidaturas proscritas en 2003 y 2004. En ambos casos, el argumento empleado por los magistrados europeos es que sería inútil prohibir el concurso de un partido si de facto puede proseguir su actividad a través de otras plataformas. Teniendo en cuenta la situación existente en España después de muchos años de atentados, especialmente en la región políticamente sensible, que es el País Vasco, los vínculos existentes entre partidos políticos y la acción terrorista pueden ser objetivamente una amenaza para la democracia. En esto hace hincapié la Resolución y advierte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por tanto, con la Declaración de las Cortes, con la posición de la propia Cancillería del país y con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quedan claros cuál es la condena y los puntos de referencia que debemos manejar cuando tratamos temas vinculados a organizaciones de esta naturaleza, que hacen de la violencia y del terrorismo el vehículo para tratar de imponer sus ideas, dejando por el camino la tolerancia, la libertad y, en particular, los derechos humanos básicos de todos los ciudadanos.

Con esta constancia, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y de allí se traslade a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en España, particularmente a nuestra Embajada en España y a la Embajada del Reino de España en el Uruguay.

Nada más. Muchas gracias.






Montevideo, 4 de agosto de 2009


Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dn. Rodolfo Nin Novoa
Presente

Señor Presidente:

hacemos moción para que el Senado apruebe el siguiente proyecto de declaración.


“El Senado de la República Oriental del Uruguay, ante los recientes atentados terroristas perpetrados en España, en las ciudades de Burgos y Calviá declara:

1. Su condena y repudio a todo tipo de violencia terrorista.

2. Su solidaridad con el Gobierno y pueblo español y en especial, su apoyo a la declaración institucional del Congreso de los Diputados de España, reafirmando su decisión de derrotar las acciones terroristas de ETA, con “coraje, determinación y fortaleza democrática”.

3. Su convicción de que el combate a la violencia y al terrorismo debe realizarse desde la firmeza de los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y con la imprescindible unión de todas las fuerzas políticas y sociales.”